En los círculos de la política de la UE, hay un enfoque que reaparece siempre que la conversación gira hacia la desigualdad: la necesidad de garantizar que “nadie se quede atrás”.

Cuestiono esta expresión por su vaguedad, su pasividad y los supuestos que oculta. ¿Quién, exactamente, tiende a quedarse atrás? ¿Y son estas personas simplemente «dejadas atrás», o están desatendidas por los servicios públicos, explotadas, discriminadas, silenciadas, todo lo anterior? ¿Y quedarse atrás en la búsqueda de qué, exactamente? ¿La prosperidad? ¿Una curva económica? ¿Un descenso más silencioso e inefable hacia el neoliberalismo?

La frase es una herramienta política. Hace que las discusiones sobre la desigualdad sean más digeribles al despolitizarlas. Difumina la responsabilidad por las desigualdades que se encuentran profundamente insertas en el tejido socioeconómico de nuestras sociedades, y nos permite evitar las preguntas más difíciles:

• ¿Por qué las minorías racializadas y los migrantes de todo Occidente murieron a tasas más altas durante la COVID-19?
• ¿Por qué el huracán Katrina y desastres similares golpean con más fuerza a las minorías racializadas?
• ¿Por qué el Estado francés pudo permitir que un pesticida cancerígeno envenenara el agua y a la población de Martinica y Guadalupe durante dos décadas?
• ¿Por qué las comunidades racializadas pobres viven abandonadas en edificios inseguros que las dañan lentamente o, como en Grenfell, en Londres, se incendian y matan a 72 personas?
• ¿Por qué, a pesar de suministrar la mayoría de los minerales críticos que alimentan los centros de datos del mundo, el continente africano sigue teniendo una de las tasas de conectividad más bajas del planeta?

Responder a estas preguntas es esencial para diseñar políticas que realmente aborden la desigualdad. Y para ello, resulta útil recurrir a la investigación académica.

El capitalismo racial como marco

Un marco que me parece especialmente potente es el del capitalismo racial. Impulsado por el teórico político Cedric Robinson, va más allá del análisis marxista tradicional al vincular la acumulación de capital con la historia de la diferenciación racial sobre la que se construyeron la esclavitud y el colonialismo. Robinson sostiene que el capitalismo acumula valor extrayéndolo de manera desproporcionada de las personas con identidades raciales marginadas.

Dicho de forma sencilla, la riqueza se acumula a través del trato diferenciado de ciertos grupos. Para maximizar el beneficio, se recurre a mano de obra barata y protecciones sociales débiles; y, para justificarlo, se apela al racismo, el clasismo, el capacitismo y la división geográfica del trabajo entre el Norte Global y el Sur Global, sometiendo a algunos grupos a condiciones que se considerarían inaceptables para otros. El capitalismo racial no puede explicar por sí solo todas las formas de desigualdad, pero ofrece una base sólida, que puede complementarse con la teoría feminista, la teoría de la reproducción social, el pensamiento ambiental y la geografía económica.

El trabajo oculto de la transición digital

En el Norte Global, hemos discutido extensamente los efectos de la transformación digital con el auge de la economía de plataformas (gig economy), la segmentación entre trabajadores con protección social real y trabajadores de plataformas con salarios más bajos y casi ninguna protección. Hemos rastreado la creciente polarización, el aumento de la pobreza laboral en la base y la concentración de riqueza en la cima. Piénsese en las plataformas de reparto de comida: repartidores mal pagados en turnos largos, pedaleando de un cliente a otro, todo el aparato en manos de adinerados empresarios tecnológicos. También hemos abordado el riesgo de desplazamiento por la automatización, que amenaza con empujar aún más al margen a trabajadores ya vulnerables. Esto está bien documentado, y exigirá sus propias soluciones.

Lo que quiero abordar aquí es el efecto de la transición digital en el Sur Global, algo que los medios del Norte Global tienden a dejar sin documentar. Más allá de la cobertura ocasional, y a menudo simplista, de los minerales de conflicto como el coltán y el cobalto presentes en nuestros teléfonos inteligentes, la relación entre el Sur y el Norte rara vez se hace explícita. La aparente fluidez de nuestras herramientas digitales es precisamente lo que oculta el trabajo y las cadenas de suministro que las sostienen.

En Feeding the Machine, los investigadores Muldoon, Graham y Cant sacan a la luz a un ejército oculto de trabajadores con contratos precarios, que soportan largas jornadas y un grave daño psicológico en lo que denominan “talleres digitales” (“digital sweatshops”), limpiando y etiquetando los conjuntos de datos de los que dependen los modelos de IA. El Banco Mundial estima que entre 154 y 435 millones de personas en todo el mundo realizan hoy trabajo en plataformas digitales (gig work), una categoría que incluye el etiquetado de datos, la moderación de contenido y la anotación que hacen posible el funcionamiento de la IA, a menudo por apenas unos dólares la hora.

Esta división del trabajo sigue precisamente la lógica del capitalismo racial. Como muestran los autores, la IA depende de una división internacional del trabajo en la que los empleos estables, bien remunerados y deseables se concentran en ciudades clave de Estados Unidos, mientras que el trabajo precario, mal pagado y peligroso se exporta a la periferia, a trabajadores concentrados en África, América Latina y el sudeste asiático.

Más allá del trabajo de datos, el Sur Global suministra el hardware. En su investigación The Hidden Cost of AI, el investigador Ajuzieogu documenta cómo la República Democrática del Congo suministra la mayor parte del cobalto mundial, una parte significativa del cual es extraído por mineros artesanales que ganan menos de 2 dólares al día. En el sur del país, organizaciones como Amnistía Internacional han demostrado cómo la carrera por el cobalto, el cobre, el litio y el coltán (los minerales que hay dentro de nuestros teléfonos, portátiles y vehículos eléctricos) provoca desalojos forzados y graves violaciones de derechos humanos. Esto también complica la historia que nos contamos sobre la transición verde, ya que varios de estos mismos minerales son esenciales para la energía más limpia.

Aquí el capitalismo racial plantea un auténtico dilema y una trampa, tanto para los trabajadores como para los Estados. Por indecentes que sean las condiciones, se siguen creando empleos; empleos tan esenciales para las cadenas de suministro globales que ofrecen a estos mismos trabajadores un sustento relativamente estable y a sus países un impulso económico. Los intentos de regular este trabajo o de reforzar las protecciones corren el riesgo de producir dos resultados: el desplazamiento hacia una región con normas más laxas, o una caída hacia arreglos informales aún más precarios. Precisamente por eso los responsables de las políticas necesitarán un enfoque global frente a las desigualdades que traerán la transición digital y otras megatendencias.

¿Qué hacer?

Entonces, ¿qué debería hacerse, especialmente ahora, cuando el espacio para la contestación política parece estar reduciéndose?

El capitalismo racial nos ayuda a ver quién es explotado y cómo. Dirige nuestra atención hacia los trabajadores de datos precarios del Sur Global y hacia los sistemas que los desvalorizan. Y esos trabajadores ya se están organizando: sindicatos y movimientos laborales que se alzan para exigir condiciones más justas y mejores salarios, a menudo a un costo real, ya que quienes se afilian corren el riesgo de ser despedidos en represalia. Abordar la desigualdad significa, ante todo, apoyar a las personas que ya realizan este trabajo con protecciones laborales sólidas, políticas redistributivas, respaldo a sus sindicatos, defensa frente a despidos punitivos. Y dado que el capitalismo racial explota las diferencias entre los estándares laborales nacionales, otra vía esencial es el fortalecimiento de los estándares a nivel global, de modo que el capital no pueda huir tan fácilmente de una jurisdicción a otra en busca de mano de obra más barata y menos protegida.

También creo que la democracia deliberativa tiene un papel real que desempeñar en la gobernanza de megatendencias como la transición digital. Esa transición está actualmente impulsada, sobre todo, por la lógica del mercado: un pequeño grupo de gigantes tecnológicos toma las decisiones, mientras que la gente común queda a vivir con las consecuencias. En la UE, regulaciones recientes como la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de IA son pasos en la dirección correcta. Pero necesitamos ir más lejos, y empoderar genuinamente a la gente común, en todo el mundo, para ayudar a diseñar el futuro que decimos querer compartir.

La democracia deliberativa abre espacio precisamente para eso. Las asambleas ciudadanas, como la Convention Citoyenne pour le Climat de Francia, muestran cómo convocar a un grupo genuinamente representativo de personas, incluyendo deliberadamente a quienes la arena política convencional suele subrepresentar: jóvenes marginados, mujeres, minorías de género, minorías racializadas, personas con discapacidad, migrantes. Con una formación de capacidades genuina y acceso a datos, conferencias de una diversidad de expertos y tiempo para deliberar, además de una implementación genuinamente vinculante del resultado del proceso deliberativo, podemos darle a la ciudadanía la capacidad de definir colectivamente el tipo de sociedad en la que desea vivir. Liberada de las presiones de la conveniencia política y el incentivo corporativo, una asamblea de este tipo se convierte en una auténtica arena democrática para definir cómo deben producirse y gestionarse las tecnologías. Dado que estas cuestiones cruzan fronteras, y a menudo se aprovechan de ellas, este modelo no debería limitarse al ámbito nacional; debería concebirse a escala global.

Imaginemos ese modelo aplicado a otras cuestiones esenciales: asambleas ciudadanas convocadas para los temas que moldean nuestras vidas más profundamente: la transición digital, la transición ecológica, el cambio demográfico.

El capitalismo racial es un lente poderoso. Nos ayuda a identificar quién está marginado y las condiciones que permiten su explotación y despojo. Bien utilizado, puede guiarnos hacia políticas que no refuercen silenciosamente esos sistemas, sino que empoderen a quienes han sido “dejados atrás” para desmantelar los mismos sistemas que los empujaron al margen del camino en primer lugar.

Litio. Cobre. Níquel. Estos son algunos de los ingredientes cruciales de la transición energética. El Foro Económico Mundial sostiene que estos minerales críticos están impulsando la transformación económica de las tecnologías de energía limpia, los centros de datos de IA y los vehículos eléctricos (VE). Como recursos clave para hacer frente al cambio climático, son indispensables.

El Climate Promise del PNUD predice que, sin estos recursos, el proceso de transición energética se retrasaría, provocando un mayor daño ecológico. En consecuencia, se proyecta que la demanda mundial de estos minerales críticos aumente. La UNCTAD estima un drástico incremento del 350% en la demanda de litio para 2040, en comparación con su aumento del 30% en 2024. La demanda de metales de tierras raras, cobalto, níquel y grafito registró un incremento de aproximadamente el 7% en 2024, una cifra empequeñecida frente al rápido aumento de la demanda de cobalto (60%) previsto para 2040, lo que subraya el creciente apetito mundial por estos recursos. Esto plantea grandes beneficios potenciales o retos significativos para las partes involucradas.

La paradoja de la pobreza

La ley económica de la oferta y la demanda nos enseña que un aumento de la demanda eleva el precio del producto, haciendo que su venta sea más rentable si el incremento de los ingresos totales supera los costos totales. A la luz de esta lógica, los países que suministran estos recursos críticos serían, presumiblemente, muy ricos. No hace falta buscar muy lejos para ver este principio en acción. Consideremos Australia, líder mundial indiscutido del mineral de hierro, que produce aproximadamente el 36,7% del suministro mundial. Otro ejemplo de este fenómeno es Canadá: proveedor clave de uranio, niobio y telurio para Estados Unidos. Esta riqueza en recursos del Norte Global se traduce en estructuras económicas sólidas, un desarrollo bien establecido e instituciones fiables, claramente visibles en el estado de estas economías.

Sin embargo, cuando aplicamos este marco al Sur Global, quedamos perplejos. África presume de contener el 30% de las reservas mundiales de minerales críticos. El Sur Global en su conjunto alberga más del 70% de estas reservas. La República Democrática del Congo es el mayor productor mundial de cobalto, produciendo aproximadamente el 76% del cobalto extraído a nivel global: la superpotencia que impulsa la digitalización. Sin embargo, a pesar de sus codiciados yacimientos minerales, muchos de estos países (junto con una gran cantidad de otras naciones del Sur Global) se ven aquejados por la pobreza, instituciones débiles y sistemas económicos extractivos.

Cabe señalar que Botsuana, China y Chile (principales productores de diamantes, metales de tierras raras y litio, respectivamente), entre otros países, son excepciones a esta ecuación. No obstante, es indiscutible que el Sur Global concentra la totalidad de los 44 Países Menos Adelantados (PMA) del mundo, lo que intensifica la tensión entre la evidente riqueza en recursos y el marcado subdesarrollo.

Este artículo se propone explicar la teoría detrás de esta paradoja de prosperidad y pobreza. Sostengo que la ecuación no cuadra porque la balanza nunca estuvo a favor del Sur Global. Los legados coloniales, mantenidos a través de los contratos comerciales modernos, perpetúan la pobreza en los países del Sur Global, beneficiando injustamente al Norte Global.

El colonialismo corporativo encubierto

En las economías actuales, el Sur Global está repleto de empresas multinacionales extranjeras (EMN) que supuestamente impulsan el crecimiento económico de los países en los que operan. Se sostiene que promueven perspectivas de empleo e introducen avances tecnológicos en sus países anfitriones. Sin embargo, si se consideran la repatriación de beneficios, el daño ambiental y los proyectos mineros aislados localmente, sus costos parecen superar sus beneficios. A menudo se pasa por alto que muchas de estas son empresas de origen colonial, forjadas en el tejido mismo de la explotación. Sus sistemas de operación fueron diseñados para despojar a las comunidades en las que operan y, en cambio, beneficiar a sus propias economías. El discurso político suele abordar la desventaja económica que representan las EMN. Sin embargo, rara vez se aborda su impacto sobre el derecho público de sus países anfitriones. Esto a menudo se manifiesta como una falta de soberanía en materia de desarrollo para los países en desarrollo.

El comercio internacional de minerales, tal como se practica actualmente, constituye una ofensa a la justicia económica del Sur Global. Los países en desarrollo que poseen estos minerales comercian con empresas multinacionales de países desarrollados, las cuales importan las materias primas y les añaden valor mediante procesos de refinación en el extranjero. Este modelo de comercio extractivo drena los ingresos de los países en desarrollo. Se ha registrado que África pierde 15.000 millones de dólares al año por la falta de adición de valor en la industria petrolera. Esto contribuye a los reportados 152 billones de dólares que el Sur Global ha perdido desde 1960 debido a prácticas económicas de explotación.

El hecho de que las EMN extranjeras vendan los minerales a un precio más alto que las naciones que los extrajeron parece tener sentido económico, dado que la adición de valor genera naturalmente mayores beneficios. Sin embargo, bajo la superficie de este sistema se esconden contratos de explotación que encubren legados coloniales. La persistencia de los mecanismos de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) lo revela. El ISDS es un sistema de arbitraje internacional mediante el cual las EMN extranjeras tienen el derecho legal de demandar a un Estado local ante los tribunales si consideran que sus beneficios proyectados se ven amenazados por un cambio en la regulación que afecta su contrato, incluso si el Estado está modificando sus leyes por el bienestar ambiental, social o ético de sus comunidades.

Tómese, por ejemplo, el caso de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation (BCM) contra Perú en 2007. A BCM se le concedieron derechos de extracción de plata en Santa Ana, cerca del lago de agua dulce más grande de Sudamérica, en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Perú. Sin embargo, Perú rescindió este contrato tras las protestas ambientales. Manifestantes en masa abogaron por la protección del lago frente a la contaminación y por el bienestar regional de las comunidades indígenas situadas cerca del sitio minero. En lugar de atender las preocupaciones ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), BCM emprendió acciones legales contra Perú.

El tribunal dictaminó que Perú había cometido expropiación contra BCM, obligando al Estado a pagar, con el dinero de los contribuyentes, un total de 30,4 millones de dólares: 18,2 millones en daños más intereses, además del 75% de los costos de arbitraje de la empresa. Esto expone la tensión entre la soberanía corporativa, las leyes internas y la responsabilidad social empresarial. El desenlace habitual de la mayoría de estos casos es que la EMN inversora, centrada en el beneficio, socava la dirección del Estado (con el respaldo del tribunal), elude su responsabilidad ambiental y social, y busca vacíos contractuales para castigar al país en el que operaba. Estas tendencias extractivas evidencian la prevalencia del colonialismo corporativo y de prácticas empresariales que operan como una cuasi-legislación.

Aunque la mayoría de estas disputas son de carácter privado, se ha informado que los paneles de arbitraje internacional de algunos de estos casos incluyen al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington D.C. y a la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). El hecho de que estas injusticias se ejerzan a través de sistemas judiciales acreditados, concebidos para ser símbolos de imparcialidad, evidencia el profundo arraigo de las tendencias coloniales en el derecho comercial. Por lo tanto, esta discusión va más allá de modificar la infraestructura económica global; es necesario un análisis más profundo sobre la legalidad, la ética y la moralidad que subyacen a las disputas comerciales internacionales.

El auge de las soluciones sostenibles

La explotación antes mencionada amplifica la necesidad de un cambio real. Por ello, el avance hacia un entorno comercial más equitativo es bienvenido con satisfacción. La Declaración de Entebbe de 2024 es una señal positiva de progreso en el sector minero africano. Respaldada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil y grupos de inversión y desarrollo de toda África, se trata de un marco que aboga por una reestructuración del panorama de inversión africano. Entre sus propuestas destacadas figuran la adición de valor a nivel local para amortiguar los acuerdos comerciales extractivos, la sustitución del ISDS por sistemas jurídicos internos fiables, y la retención de capital estatal, con la intención de transformar la fuga de riqueza proveniente de los ingresos mineros en mano de obra calificada y tecnoeconomías resilientes.

El Marco de Gobernanza de los Minerales Africanos, el brazo de implementación de la Visión Minera Africana, es otra herramienta de protesta frente al comercio neocolonial. Considero que, si los Estados miembros se adhieren correctamente a ellas, estas estructuras de política tienen el potencial de impulsar un nuevo sistema de operación de la cadena de suministro en el Sur Global. Esto podría contribuir a revertir la desigualdad de los acuerdos comerciales con el Norte Global y reconfigurar los tratados bilaterales de inversión internacional.

Puede citarse la Asociación del Proyecto de Refinería Petrolera de Lobito, entre Angola, Botsuana y Zambia, como un faro de esperanza para la soberanía energética del sur de África. Con finalización prevista para 2027, se pronostica que la capacidad de este proyecto de 6.000 millones de dólares permitirá refinar hasta 200.000 barriles de petróleo al día. Esta adición de valor a nivel local es emblemática de una iniciativa más profunda: los esfuerzos por descolonizar la cadena de suministro.

La transición justa le está ofreciendo al Sur Global una oportunidad oculta para reescribir su historia. Respaldadas por profesionales locales informados, acuerdos de inversión equitativos y marcos ecológicos de cumplimiento obligatorio, estas naciones pueden cambiar su mundo.

Fuentes

• Critical Energy Transition Minerals — UNEP, UN Environment Programme
• Africa Mining Vision: African Minerals Governance Framework
• The Scramble for Africa Continues: Impacts of Investor-State Dispute Settlement on African Countries — Public Citizen
• Civil society organisations push for transformative global investment rules — SOMO
• People and the Planet — Entebbe Declaration
• Critical Minerals, Critical Decisions: Industrial Policy for the Energy Transition — UNCTAD
• Global Critical Minerals Outlook 2025 (Executive Summary) — IEA
• The global South has lost $152 trillion through unequal exchange since 1960 — MR Online
• Botswana, Angola & Zambia are building Africa's biggest oil project that could change Africa forever — YourBotswana
• International ESG (Environmental, Social & Governance) Law Firm

Nota editorial: este ensayo fue escrito originalmente en inglés y traducido al español por la redacción de Entretejidas.

Hay una pregunta que no aparece en ningún formulario de asilo, ninguna solicitud de permiso de residencia, ni en ninguna lista de verificación de integración. No puede sellarse, aprobarse ni denegarse. Y sin embargo, puede ser la pregunta más trascendental que carga una persona desplazada: ¿Pertenezco aquí?

No legalmente. No en el papel. Sino verdaderamente, en el sentido de que dejas de calcular mentalmente cuán extranjero suena tu nombre antes de presentarte. De que la ciudad que te rodea empieza a sentirse tuya, y no como un lugar donde se te ha permitido quedarte temporalmente.

¿Qué hace falta para pertenecer? A veces no es el amor, la comunidad o el tiempo lo que responde a esa pregunta, sino la burocracia. Las normas que determinan quién puede quedarse, quién puede trabajar y quién puede construir aquí un futuro. Y estas experiencias nunca son neutras en cuanto al género.

¿Quién quiere pertenecer?

Austria suele tomarse como un modelo, clasificada entre las ciudades más habitables del mundo, un lugar de salas de conciertos y cafés. Pero también es un país que ha sido transformado, de forma silenciosa e irreversible, por el desplazamiento forzado.

La mayoría de quienes vieron las noticias en 2015 recordarán las imágenes: trenes abarrotados, familias exhaustas en los cruces fronterizos, niños siendo alzados por encima de las vallas. Ese año, Austria recibió casi 90.000 solicitudes de asilo, una transformación casi de la noche a la mañana del panorama social del país. En 2015 y 2016, Austria tuvo la tercera proporción más alta de solicitantes de asilo per cápita de toda Europa.

Estas no son cifras abstractas. Son vecinos, colegas, compañeros de clase y amigos. Personas que llegaron cargando cosas muy distintas: algunas con maletas, otras sin nada; algunas con títulos universitarios que ninguna institución austriaca reconocería, otras con hijos que crecerían hablando el idioma mejor de lo que sus padres jamás podrían.

Y si uno observaba de cerca esas imágenes, las multitudes que se agolpaban hacia las fronteras, las personas durmiendo en los suelos de las estaciones de tren, algo se hacía visible. La mayoría eran hombres.

La primera puerta

Antes de que la pertenencia pueda siquiera comenzar, está el proceso de asilo: extensos requisitos de documentación, entrevistas formales y decisiones tomadas por las autoridades sobre si el miedo de una persona es suficientemente real, específico y demostrable. Es el primer lugar donde el desplazamiento se vuelve administrativo. Y es el primer lugar donde el género produce una diferencia medible en el resultado.

A nivel mundial, la mitad de todas las personas desplazadas por la fuerza son mujeres. Sin embargo, en Europa, solo alrededor de una de cada tres personas solicitantes de asilo es mujer. No porque las mujeres sufran menos, sino porque el viaje hacia Europa conlleva riesgos que recaen de manera desproporcionada sobre ellas, y porque en muchas zonas de conflicto son los hombres quienes se ven obligados a huir primero. Las mujeres a menudo los siguen más tarde, a través de vías de reunificación familiar, o simplemente no logran llegar.

En Austria, los datos apuntan a un patrón constante. Un estudio que analizó casi 41.000 resoluciones de asilo encontró que las solicitantes mujeres tienen una probabilidad estadísticamente significativa mayor de recibir un resultado positivo. Durante un período de seis años en el Tribunal de Asilo austriaco, la probabilidad de una apelación exitosa fue del 37,5% para las mujeres, frente al 28,5% para los hombres.

Esta disparidad no refleja simplemente que las mujeres presenten argumentos más sólidos. Cuando alguien huye de la guerra o de un peligro físico directo, la protección generalmente se otorga sin importar el género. Sin embargo, muchos casos son menos claros. Las personas con frecuencia huyen de circunstancias genuinas y graves, pero difíciles de sustentar dentro de los marcos jurídicos formales. Motivos como la violencia doméstica, el matrimonio forzado y la persecución por motivos de género han ganado un reconocimiento cada vez mayor en el derecho internacional. En cambio, las solicitudes basadas en el reclutamiento forzoso, la oposición política o las amenazas de actores no estatales pueden ser más difíciles de encasillar dentro de las definiciones legales existentes. La distinción no radica en el sufrimiento, sino en si el sistema ha desarrollado marcos adecuados para dar cabida a una determinada experiencia.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Viena y la Universidad de Mannheim encontró que el género de quien toma la decisión desempeñaba un papel estadísticamente significativo en los resultados. Las juezas eran más propensas a conceder el asilo que sus colegas hombres, independientemente del género del solicitante. Los investigadores tuvieron el cuidado de señalar que se trataba de una observación sobre patrones, no de un juicio sobre decisiones individuales.

Papeles, permisos y el precio de pertenecer

Una vez concedida la protección, comienza un tipo distinto de desplazamiento, no geográfico, sino psicológico. El documento existe. El derecho legal a permanecer está establecido. Y sin embargo, la pregunta de dónde se está realmente parado sigue siendo profundamente incierta.

Las consecuencias son, en algunos casos, mortales. Según las Naciones Unidas, cada día son asesinadas aproximadamente 137 mujeres y niñas a manos de su pareja o de un familiar. Solo en Europa, al menos 2.871 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2024, según organizaciones de la sociedad civil que monitorean estos casos. Las mujeres con antecedentes migratorios se encuentran entre las más vulnerables: socialmente aisladas, dependientes legalmente, y con frecuencia incapaces de denunciar la violencia por miedo a las consecuencias. La Red Europea de Mujeres Migrantes ha documentado cómo las barreras del idioma, la dependencia legal y la ausencia de redes de apoyo social colocan a las mujeres migrantes en un riesgo mayor, en circunstancias que permanecen en gran medida invisibles para la sociedad en general que las rodea.

E incluso para quienes están a salvo, la pertenencia no llega automáticamente. Sobre el papel, los derechos existen. Pero el derecho legal y la experiencia vivida no siempre avanzan al mismo ritmo. El empleo se considera ampliamente la medida principal de la integración, y sin embargo las mujeres refugiadas presentan de forma constante peores resultados laborales que los hombres con el mismo estatus de protección y los mismos derechos legales.

Muchas de estas mujeres provienen de contextos en los que el empleo remunerado fuera del hogar no formaba parte de sus vidas, y muchas continúan enfrentando esas mismas expectativas tras su llegada. Las responsabilidades del cuidado infantil siguen recayendo casi por completo sobre ellas. Salir de casa puede requerir permiso. Los programas de educación para adultos, que ofrecen una de las vías más significativas para que los inmigrantes se recapaciten y se cualifiquen, se programan en su mayoría por las tardes, justo cuando las responsabilidades domésticas son más exigentes. Para muchas mujeres refugiadas, esa puerta se cierra antes de que siquiera lleguen a ella.

Y luego está el idioma, que más que cualquier documento o programa determina si una persona realmente pertenece a un lugar. El idioma no es simplemente una herramienta de comunicación. Es lo que indica, a uno mismo y a los demás, si se está genuinamente presente en un lugar o simplemente de paso.

Los niños que llegan a corta edad lo absorben rápidamente. Yo llegué a Austria siendo una joven adulta. Recuerdo la confusión de aquellos primeros meses, el esfuerzo de encontrar mi lugar en un sistema en el que nada me resultaba familiar. Pero también recuerdo el momento en que el idioma dejó de sentirse extranjero, cuando dejé de traducir en mi cabeza y simplemente hablé. Ese cambio lo transformó todo. Fue el momento en que Austria empezó a sentirse como un lugar donde realmente vivía, y no como un lugar donde me habían colocado.

Para quienes llegan siendo adultos, esa transición rara vez ocurre de forma tan natural. El idioma sigue siendo un esfuerzo consciente. Y sin él, el acceso al trabajo, a la comunidad y a la conexión permanece constantemente fuera de alcance.

La pertenencia no se otorga. Se construye.

La pertenencia no es un regalo que otorgan los países de acogida. Es algo que se construye, a través del idioma, del trabajo, de la conexión, y de todas las pequeñas experiencias cotidianas de sentirse visto.

La encuesta de migración de Austria encontró que tres de cada cuatro inmigrantes sienten que pertenecen aquí. No es una cifra para desestimar. Pero también significa que uno de cada cuatro no lo siente así. Y entre quienes sí sienten que pertenecen, muchos dirán que les tomó años, a veces décadas, y que lo que construyeron, lo construyeron ellos mismos, pieza por pieza, a pesar del sistema y no gracias a él.

El desplazamiento forzado no concluye cuando termina el viaje físico. Persiste en las salas de espera y en los cursos de idiomas. En el esfuerzo silencioso de construir una identidad en una lengua que todavía no es del todo propia. En el momento en que uno se da cuenta de que sus hijos se sienten más en casa aquí de lo que uno mismo se siente, y experimenta orgullo y pérdida al mismo tiempo.

La pertenencia para las mujeres desplazadas no consiste simplemente en un permiso de residencia o un empleo, aunque ambos importan enormemente. Se trata de poder moverse por el espacio público sin miedo. De tomar tus propias decisiones: qué ponerte, qué estudiar, si mudarte y construir una vida independiente. Se trata de que tu conocimiento, tu experiencia y tu perspectiva sean reconocidos como algo que esta sociedad realmente necesita.

Se trata, en definitiva, de que se te permita ser plenamente humano en un lugar nuevo. No una refugiada, no una estadística, no un número de expediente. Una persona con un pasado, un presente y un futuro que tiene tanto derecho a existir aquí como el de cualquier otra persona.

La pregunta no es si las personas desplazadas, sin importar su género, pertenecen aquí. Nunca lo fue. La pregunta es si estamos construyendo sociedades que verdaderamente sean dignas de ellas.