"Habitar el cuerpo, la diplomacia, la colonia, la cancha. Esta edición se trenza alrededor de una idea sencilla y porfiada: los espacios tanto físicos, simbólicos, como institucionales, no son neutros. Disputar una política exterior feminista, una salud sexual y reproductiva con pertinencia intercultural, o el lugar de mujeres y disidencias en el fútbol, es siempre disputar quién puede estar, decidir y nombrar. Tres conversaciones para una misma pregunta: ¿quién tiene poder para decidir?"
Esta edición se organiza en tres secciones con nombres tomados del oficio de tejer: Hilo para la columna principal, Nudo para los artículos de fondo, y Aguja para el análisis de coyuntura.
Una conversación con Draga Gajić, candidata a doctora en la Universidad de Novi Sad y directora ejecutiva de Udruženje «KAS» Banja Luka. Dedica su tesis doctoral a la diplomacia digital en clave feminista.
Draga Gajić es investigadora y candidata a doctora en la Universidad de Novi Sad, en Serbia. Directora ejecutiva de una organización de mujeres en Banja Luka, dedica su tesis doctoral a la intersección entre diplomacia digital y feminismo. En el contexto de grandes cambios en torno a la agenda de la política exterior feminista, tales como su adopción en Colombia y la reciente disgregación del equipo a cargo en Chile por parte de Cancillería, Draga Gajić nos comparte sus apreciaciones y expertis sobre el asunto en esta entrevista.
Para comenzar, cuéntanos un poco de ti y qué ha marcado tu trayectoria en el campo de la política exterior feminista
Mi nombre es Draga Gajić. Me gradué como la mejor de mi promoción en la Facultad de Ciencias Políticas de Banja Luka con una licenciatura en Ciencias Políticas. Obtuve dos másteres: uno en Estudios de Género por la Universidad de Novi Sad y otro en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas de Banja Luka. Actualmente soy candidata a doctora en la Universidad de Novi Sad. Soy directora ejecutiva de una organización liderada por mujeres, la Asociación para la Cultura, la Afirmación y el Asesoramiento «KAS» de Banja Luka.
Como académica y activista, me interesan el género, la paz, el conflicto y la violencia de género. La Política Exterior Feminista se convirtió en uno de mis intereses en 2014, cuando Suecia se convirtió en el primer país en adoptarla. Tanto el potencial como las limitaciones de la PEF me inspiraron a centrar mi tesis en la Diplomacia Digital y la Política Exterior Feminista. Espero que mi investigación contribuya al creciente corpus académico sobre la PEF e inspire a jóvenes investigadoras a trabajar en este campo.
¿Cómo describirías la política exterior feminista?
Como marco de referencia, la Política Exterior Feminista es escurridiza, compleja y propensa a transformaciones. Hasta la fecha, no existe una definición consensuada. Un desafío adicional es que se utilizan como sinónimos varios términos: Política de Asistencia Internacional Feminista, Diplomacia Feminista. Suecia adoptó la Política Exterior Feminista; Canadá adoptó la Política de Asistencia Internacional Feminista; Francia adoptó la Diplomacia Feminista.
La PEF puede describirse como un marco o estrategia que busca garantizar no solo la igualdad de género, sino también la interseccionalidad y un enfoque decolonial en la política, la diplomacia, la seguridad, el desarrollo internacional, la ayuda y el comercio. Siempre subrayo que debemos entender que existen Políticas Exteriores Feministas y no una única Política Exterior Feminista, del mismo modo que existen feminismos y no un único feminismo.
En este sentido, la PEF no es solo contar con más mujeres en diplomacia, sino cambiar prioridades, recursos y formas de hacer política exterior: incorporar la perspectiva de género en el comercio, la seguridad, el clima o la migración. En otros casos, se han adoptado medidas como protocolos consulares específicos para atender a víctimas de violencia de género en el exterior, acompañando a mujeres connacionales fuera del territorio nacional —una apuesta que han hecho tanto Chile como México.
"La Política Exterior Feminista es el antídoto frente a la violencia, el militarismo, el patriarcado y el racismo."
Draga Gajić¿De dónde viene este concepto y qué transformaciones propone respecto a la política exterior tradicional?
Aunque el término es relativamente nuevo, sus principios y valores fundamentales tienen raíces en los inicios del movimiento pacifista y del movimiento de mujeres. La PEF, tal como la conocemos, salió a la luz en 2014, cuando Suecia fue el primer país en adoptarla. Resulta llamativo que, ocho años después, se convirtiera en el primer país en abandonarla. Mientras tanto, otros países han adoptado o han manifestado que adoptarán la PEF: Alemania, Canadá, Francia, México, Colombia, Luxemburgo, España, Chile, Libia, Liberia, los Países Bajos, Escocia, Eslovenia, Argentina y Mongolia.
La PEF tiene un enfoque holístico. Se centra en las causas raíces de la desigualdad, no en sus manifestaciones visibles. En pocas palabras, es el antídoto frente a la violencia, el militarismo, el patriarcado y el racismo.
¿Cuáles son los principios clave que consideras esenciales para un enfoque verdaderamente feminista de los asuntos exteriores?
Desde mi perspectiva, los principios clave deberían ser: un enfoque basado en los derechos humanos, la interseccionalidad y un diálogo continuo entre los gobiernos, los ministerios de asuntos exteriores y los políticos, por un lado, y las activistas feministas, por el otro.
¿Por qué crees que la política exterior feminista es necesaria en el contexto global actual, especialmente frente a los crecientes retrocesos democráticos y en materia de derechos?
Ahora más que nunca necesitamos la Política Exterior Feminista y un movimiento feminista fuerte. El movimiento antigénero se está fortaleciendo, es cada vez más activo y más visible. Está bien estructurado, organizado y bien financiado. La PEF no es una solución mágica que vaya a hacer desaparecer el movimiento antigénero, pero sí es una de las herramientas más eficaces para contribuir a cambios positivos y sostenibles, tanto en la política como en la sociedad civil.
(En términos de seguridad, la PEF) transforma los modelos patriarcales y militarizados en modelos centrados en los derechos humanos, la desmilitarización, el desarme y la prevención de conflictos. Asimismo, redefinir y reestructurar la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) es crucial para un cambio transformador.
¿Cuáles han sido los principales obstáculos para el avance de la política exterior feminista en la práctica?
Numerosos factores han obstaculizado la PEF. El factor principal es el patriarcado, en sí mismo. En los últimos años, el ascenso del movimiento antigénero ha dañado la PEF, su implementación y su avance. Además, uno de los problemas globales es la evidente falta de financiamiento para las organizaciones feministas y las académicas que trabajan en el campo de la PEF.
Si bien la PEF comenzó como política de Estado en Suecia, impulsada y nombrada así por la entonces ministra de Asuntos Exteriores Margot Wallström, hoy puede hablarse de alrededor de una docena de países que la han adoptado en sus agendas. Y América Latina no ha quedado detrás. México fue uno de los primeros países en sumarse a estos esfuerzos con su adopción en 2020, al que le siguieron Chile y Colombia en 2022, como solidificación de una larga trayectoria de institucionalización de enfoques de género en su política exterior. Sin embargo, la PEF cuenta aún con debilidades como su frágil institucionalización en el exterior, resistencias internas en diplomacias muy masculinizadas y una alta dependencia de los personalismos políticos. Por ende, si bien la Política Exterior Feminista tiene aún grandes contribuciones que aportar en las relaciones diplomáticas, resguardar su desarrollo e implementación del desuso, las resistencias culturales y el estrangulamiento financiero es central en los próximos años para no dejar estos esfuerzos en el pasado.
De cara al futuro, ¿qué desarrollos, actores o alianzas te inspiran más en torno a esta agenda?
Los últimos años han sido muy difíciles para las activistas feministas, las académicas feministas y las diplomáticas que trabajan en el campo de la PEF. Ha habido varios retrocesos, pero la buena noticia es que activistas y académicas a nivel global están trabajando en la creación de estrategias de resistencia, colaboración y nuevas formas de activismo feminista frente a las movilizaciones antigénero. Me inspira ver la colaboración entre movimientos y el diálogo entre la academia y la sociedad civil en torno a la PEF.
Por último, si pudieras resumir en una frase la esencia o el propósito central de una política exterior feminista, ¿cuál sería?
Una hoja de ruta hacia la igualdad, la diversidad, la inclusión, la paz y la prosperidad.
Nota editorial: esta entrevista fue realizada en inglés y traducida al español por la redacción de Entretejidas.
"Existen Políticas Exteriores Feministas, en plural, del mismo modo que existen feminismos."
Draga Gajić · Entretejidas Edición 02Salud sexual y reproductiva de mujeres indígenas en Chile. ¿De qué sirve tener derechos escritos si no se garantizan en la vida cotidiana? Una mirada interseccional y decolonial a las puertas que se abren a medias.
"Siempre me han dicho que las matronas retan… '¿Quién las mandó a abrir las piernas?' y cosas así". Joven mapuche entrevistada en un estudio reciente sobre salud sexual y reproductiva en La Araucanía (Carreño‑Calderón et al., 2024).
En las últimas décadas, Chile ha avanzado de manera importante en el reconocimiento formal de la salud sexual y reproductiva como un derecho humano. Hoy existe un marco legal que incluye programas de salud materna, políticas de planificación familiar y la Ley 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Sin embargo, cuando se mira la realidad de las mujeres indígenas, aparece una pregunta incómoda: ¿de qué sirve tener derechos escritos si no se garantizan en la vida cotidiana?
Las cifras oficiales muestran que Chile ha logrado una alta cobertura en controles prenatales y acceso a métodos anticonceptivos en el sistema público. Sin embargo, esas cifras esconden diferencias profundas cuando se cruza la información por género, etnicidad y territorio. De acuerdo al Departamento de Estadísticas e Información de Salud, la población indígena concentra mayores niveles de pobreza y vive mayoritariamente en zonas rurales, donde la oferta de servicios de salud es más escasa.
En regiones con alta presencia indígena, como La Araucanía, la proporción de mujeres que accede a controles prenatales tempranos es significativamente menor que en las zonas urbanas. El acceso a información en salud sexual y reproductiva también es desigual, donde las mujeres urbanas reportan más instancias de consejería e información que las rurales. En otras palabras, los derechos son "universales" en el papel, pero su acceso se ve atravesado por desigualdades estructurales de género, etnia, clase y territorio.
Para entender estas desigualdades no basta con decir que las mujeres indígenas se encuentran en situaciones más vulnerables. Hay que hacer una lectura interseccional y, sí, también decolonial, sobre la estructura que posibilita esa diferencia.
"Una mujer no es solo 'paciente', 'mujer' o 'mapuche', sino todo eso a la vez, y esa combinación define su acceso a derechos y servicios."
La interseccionalidad, propuesta inicialmente por Kimberlé Crenshaw, muestra cómo distintas formas de opresión —racismo, sexismo, clasismo— no actúan por separado, sino que se entrecruzan y producen experiencias específicas de discriminación. El feminismo decolonial, por su parte, subraya que las desigualdades actuales se sostienen en lógicas coloniales que siguen privilegiando ciertos saberes, cuerpos y territorios. En salud sexual y reproductiva, esto se traduce en la hegemonía del modelo biomédico occidental, que suele deslegitimar o invisibilizar los saberes indígenas sobre el cuerpo, la reproducción y el cuidado.
La revisión de estudios y datos disponibles muestra un conjunto de barreras que, lejos de ser aisladas, se refuerzan entre sí. Las comunidades indígenas se concentran en zonas rurales o semi-rurales, donde los centros de salud están lejos y con menor capacidad resolutiva. Para muchas mujeres, llegar a un control prenatal o a un servicio de salud sexual significa viajes de más de tres horas, con costos económicos y de tiempo que no siempre pueden asumir. Esto desincentiva la atención preventiva y limita el acceso a métodos anticonceptivos oportunos.
El diseño de las leyes y programas sigue respondiendo a un paradigma biomédico que no reconoce de manera efectiva los saberes y prácticas indígenas. Son escasos los facilitadores interculturales, la información en lenguas indígenas y los protocolos que permitan, por ejemplo, partos en posiciones no convencionales, el uso de medicina tradicional o la participación de agentes comunitarios de salud. Esto produce experiencias de desconfianza y maltrato percibido que desincentivan la búsqueda de atención.
"Al consultorio o al hospital trato de no ir, pero sí me pasó una vez que tuve que ir al doctor a buscar la pastilla del día después… Me mandaron para todos lados, no me querían atender. Me retaron. Al final me la tomé y dije nunca más, nunca más vuelvo al hospital."
Joven mapuche, vía Carreño‑Calderón et al. (2024)Peor aún, la falta de sistemas sólidos de información que desagreguen los datos por etnia, sexo, edad y territorio impide dimensionar con precisión las brechas. Investigadoras como Acevedo de la Harpe y Jaramillo-Bruhn (2024) muestran que, además de problemas técnicos en la clasificación, los portales de datos públicos son poco amigables para el seguimiento ciudadano. Lo que no se mide tiende a volverse invisible en la toma de decisiones y los pueblos originarios no son extraños a esta realidad.
En el plano internacional, hay un andamiaje robusto que obliga a los Estados a incluir a los pueblos indígenas en sus políticas de salud, incluyendo la esfera sexual y reproductiva. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce su derecho a mantener sus propios sistemas de salud y a acceder a los servicios estatales sin discriminación, participando en las decisiones que les afectan. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, exige consultas libres, previas e informadas y que los servicios se diseñen en cooperación con los pueblos indígenas, considerando sus condiciones sociales y culturales.
Organismos como la OPS, la OMS, UNFPA, CEPAL y ONU Mujeres han impulsado lineamientos para incorporar enfoques interculturales, territoriales e interseccionales en las políticas de salud sexual y reproductiva.
En Chile el marco institucional en salud sexual y reproductiva se ha construido de manera gradual. La Ley 19.253 (Ley Indígena) de 1993 significó el primer reconocimiento formal de los pueblos indígenas, pero no abordó de manera directa la salud ni los derechos sexuales y reproductivos. Durante los 2000 se ampliaron programas de salud materna y planificación familiar desde una lógica universalista, sin considerar de forma diferenciada a las mujeres indígenas. En 2006 se aprobó la Política de Salud y Pueblos Indígenas, que introduce el principio de interculturalidad pero con carácter programático y no vinculante, generando una implementación desigual a lo largo de todo el territorio. Si bien el PESPI ha tenido éxito en la creación de algunos hospitales interculturales como el Hospital Makewe, Boroa Filulawen y Mapuche Ñi Lawentuwün integrando prácticas como la atención de Machi en la red de salud, está lejos de ser la atención estándar a lo largo del país.
Por ejemplo, la Ley 20.584 sobre derechos y deberes de las personas en salud incluye la idea de pertinencia cultural, aunque sin mecanismos claros para ejercerla ni referencias específicas a salud sexual y reproductiva. Algo similar ocurrió con la Ley 21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, aplicada sin medidas diferenciadas para mujeres indígenas ni reconocimiento de las barreras territoriales, culturales y lingüísticas.
En paralelo, se han impulsado normas técnicas que incorporan la variable de pertenencia indígena en los registros de salud, pero diversos estudios cuestionan la calidad de esos datos y las dificultades para acceder a ellos de manera simple (Acevedo de la Harpe y Jaramillo-Bruhn, 2024). Si no se mide bien, lo que les sucede a las mujeres indígenas continúa fuera del radar de las prioridades públicas.
En los últimos años, los movimientos de mujeres e indígenas en Chile han propuesto un giro en la conversación sobre salud sexual y reproductiva. Desde el llamado Marco de Autonomía y Placer, ofrecen una crítica estructural al papel del Estado, entendido como una institución impregnada de lógicas patriarcales, capitalistas y coloniales que, a lo largo de la historia, han regulado los cuerpos y las sexualidades desde enfoques normativos y restrictivos. El marco propone una reconfiguración de la salud sexual y reproductiva centrada en la autonomía corporal, el placer y la acción colectiva desde los territorios, desplazando el foco de la regulación estatal hacia la autogestión y la agencia comunitaria.
Como señala Cubillos Almendra (2022), estas disputas permiten cuestionar las representaciones históricamente dominantes de la sexualidad, fuertemente orientadas hacia la salud pública, la pedagogía o la prevalencia de valores conservadores. Esto incluye no solo a las mujeres indígenas, sino también a otros grupos históricamente excluidos —migrantes, solicitantes de asilo, personas LGBTIQ+ y comunidades rurales— cuyos derechos siguen viéndose condicionados por estructuras institucionales que no logran abordar su complejidad.
Desde el International Youth Council for Gender Equality (IYCGE), el equipo nacional de Chile ha propuesto una serie de recomendaciones para avanzar hacia una garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas:
Estas propuestas apuntan a un cambio de enfoque: pasar de una política que "incluye" a las mujeres indígenas de forma marginal a otra que se diseña con ellas, reconociendo sus saberes, demandas y proyectos colectivos. El caso chileno nos recuerda que no basta con escribir derechos para garantizar su ejercicio. Mientras las políticas sigan pensadas desde un sujeto abstracto y universal, las mujeres indígenas, como tantos otros grupos, seguirán encontrando puertas entreabiertas, servicios lejanos, prácticas discriminatorias y silencios estadísticos.
Mirar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva interseccional y decolonial no puede ser un lujo teórico, sino una condición mínima para que las promesas de derechos se hagan realidad. Escuchar las voces de las mujeres indígenas y reconocer sus propuestas —desde el territorio, la autonomía y el placer— es clave para construir sistemas de salud más justos, interculturales y realmente democráticos.
"No basta con escribir derechos para garantizar su ejercicio."
Cuando la ley no alcanza · Entretejidas Edición 02Una selección de ficciones y documentales que sitúan a las mujeres en el centro del fútbol, como jugadoras, y como cuerpos que disputan espacio, poder y representación.
Una joven británica de familia india desafía las expectativas culturales y familiares para jugar fútbol. Entre el deseo, la migración y la identidad, la película abre preguntas sobre quién tiene permitido jugar —y bajo qué condiciones. Ligera en apariencia, profundamente política en sus bordes.
En su expansión hacia el fútbol femenino, la serie introduce nuevas preguntas sobre representación en el mainstream: ¿qué ocurre cuando las mujeres entran en un espacio históricamente masculino como parte del espectáculo? Entre optimismo y corrección, deja ver las tensiones entre inclusión real y narrativa.
A partir del Mundial 2023 y el caso Rubiales, este documental traza un punto de quiebre: del silencio a la denuncia colectiva. Más que fútbol, es una historia sobre poder, consentimiento y ruptura. El momento en que jugar ya no es suficiente, y hablar se vuelve inevitable.
¿Qué pasa cuando el fútbol deja de leerse como "solo un deporte" y empieza a nombrarse como territorio político: un lugar donde se juegan los cuerpos, los géneros y las disidencias? Conversación con La Cancha en Disputa.
La Cancha en Disputa se presenta como el primer congreso futbolero, un espacio para el diálogo multidisciplinario en torno a las tensiones que atraviesan el fútbol chileno. Articula investigaciones, experiencias y memorias para analizar críticamente las trayectorias de las diversas actorías que intervienen en su configuración. Conversamos con su equipo de coordinación sobre fútbol, género y disidencias.
La Cancha en Disputa nace a partir de una inquietud compartida entre organizaciones, investigadores/as y actores vinculados al campo del fútbol y los estudios sociales del deporte, quienes coincidimos en la necesidad de generar un espacio de reflexión crítica sobre el fútbol en Chile y América Latina. Desde su origen, el proyecto se ha planteado como una instancia orientada a problematizar el fútbol más allá de su comprensión tradicional como espectáculo deportivo o industria cultural, proponiendo entenderlo como un campo social atravesado por disputas históricas, políticas, económicas y culturales.
El eje de fútbol, género y disidencias surge como una dimensión necesaria, en tanto las desigualdades de género y las exclusiones hacia identidades sexo-genéricas disidentes forman parte constitutiva de la historia y del presente del deporte. Incorporar esta discusión responde al reconocimiento de que el fútbol ha sido históricamente configurado como un espacio masculinizado, en el que determinadas corporalidades, prácticas e identidades han sido legitimadas, mientras otras han sido sistemáticamente marginadas, invisibilizadas o subordinadas.
"La cancha no constituye un espacio neutro ni ajeno a los conflictos sociales, sino un escenario donde se expresan y reproducen muchas de las tensiones estructurales que atraviesan a la sociedad."
Desde los estudios sociales del deporte entendemos el fútbol como un hecho social, es decir, como una práctica que no puede separarse de las relaciones de poder, las estructuras sociales y las disputas culturales en las que se inscribe. La cancha puede ser leída como un territorio en disputa, en tanto en ella no solo se desarrollan prácticas deportivas, sino también jerarquías sociales, construcciones identitarias y disputas simbólicas en torno a quiénes pueden habitar ese espacio, en qué condiciones y bajo qué legitimidades.
Incorporar la pregunta por el género implica cuestionar una estructura históricamente organizada desde parámetros masculinos, heteronormativos y excluyentes. Por una parte, persisten discursos que minimizan estas desigualdades bajo la idea de que el fútbol sería un espacio meritocrático o universalmente accesible. Por otra, se mantienen prácticas institucionales que relegan la participación de mujeres y disidencias a posiciones subordinadas, precarizadas o simbólicamente secundarias dentro de clubes, federaciones, medios de comunicación y espacios de representación.
En clave de género, las principales transformaciones en el fútbol chileno han venido de la mano de los movimientos sociales y, especialmente, del movimiento feminista de 2018, que también irrumpió con fuerza en el fútbol como espacio de discusión, denuncia y disputa. A partir de ahí, empezaron a levantarse múltiples organizaciones feministas en clubes, barras, comunidades de hinchas y espacios territoriales, cuestionando el machismo estructural del fútbol.
En ese proceso se pusieron sobre la mesa cosas que antes estaban completamente naturalizadas: los cantos y lenguajes de las barras que apelan a la cultura de la violación, la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión, la hegemonía masculina en las dirigencias, las condiciones históricamente desiguales en que se ha desarrollado el fútbol femenino, y las críticas a las condiciones de seguridad en los estadios. También fue clave la visibilización de denuncias de jugadoras profesionales contra entrenadores, kinesiólogos y otros actores del mundo del fútbol, rompiendo el silencio histórico en torno a estas violencias.
"Lo que está en juego hoy no es solo la participación de las mujeres y las disidencias en el fútbol, sino la posibilidad de transformar las estructuras que históricamente han definido quiénes pueden habitar ese espacio y en qué condiciones."
Estas transformaciones no vinieron desde arriba ni fueron impulsadas por las dirigencias. Fueron resultado directo de la organización, la lucha y las demandas de mujeres y disidencias que posicionaron el fútbol como parte constitutiva de la agenda de la marea feminista. En el fútbol amateur esto se ve muy claramente: en la región de Valparaíso, la obligatoriedad de contar con divisiones femeninas en los campeonatos de ARFA Quinta Región es una conquista de ese proceso. Según datos de la propia ARFA, en 2024 había más de 6.600 jugadoras inscritas en la región, lo que da cuenta no solo de un crecimiento cuantitativo, sino de la ocupación femenina y disidente de un territorio históricamente dominado por los hombres.
En paralelo, ha habido avances legales importantes. Por un lado, la Ley 21.436 de 2022, que establece la profesionalización del fútbol femenino y obliga a los clubes a generar contratos con sus jugadoras. Por otro, la Ley 21.197, que exige protocolos contra el abuso, el acoso, el maltrato y la discriminación en las organizaciones deportivas. Son avances relevantes, porque por primera vez en la historia republicana se instalan estas problemáticas en el plano institucional.
Sin embargo, estos avances deben ser leídos críticamente: las transformaciones formales no siempre modifican de manera sustantiva las relaciones de poder. Los clubes profesionales y sus dirigencias —en la mayoría de los casos conformadas con dirigencias 100% masculinas— han encontrado nuevas formas de reproducir la precarización: uso de canchas secundarias, escasa utilización de estadios principales, baja televisación, presupuestos reducidos y limitada presencia mediática. Lo que observamos es la capacidad de adaptación del patriarcado en clave neoliberal: aunque se produzcan avances formales, las desigualdades y jerarquías se reconfiguran y tienden a persistir bajo nuevas formas.
Hoy vemos retrocesos importantes, sobre todo si miramos el contexto político más amplio. El avance de sectores más conservadores y de extrema derecha en el poder político formal está teniendo efectos en distintas áreas de la vida social, y el deporte no queda fuera. Se empieza a instalar una lógica de recorte en políticas sociales, donde los presupuestos vinculados al deporte —y en particular al deporte social y comunitario— tienden a reducirse. Esto afecta directamente a los clubes de base, que son precisamente los espacios donde se construye identidad, pertenencia y organización territorial, y donde las mujeres han logrado posicionarse con más fuerza.
Pero no es solo un problema político o institucional. También hay un retroceso cultural muy evidente: hoy circulan con mayor fuerza discursos conservadores y patriarcales que desvalorizan la participación de las mujeres en el deporte, desde comentarios en redes sociales que plantean que "el fútbol femenino no le interesa a nadie" hasta cuestionamientos sobre por qué las mujeres deberían tener las mismas condiciones si no generan los mismos ingresos.
Uno de los desafíos centrales es sostener la organización y la articulación de mujeres y disidencias, no perder los espacios que se han abierto en los últimos años y seguir tensionando no solo por cambios institucionales, sino también por cambios en las formas de pensar, valorar y entender el deporte. Por un lado, avanzar en una política de reconocimiento: visibilizar la historia del fútbol femenino en Chile, que tiene más de un siglo de desarrollo —con clubes desde 1918 y asociaciones desde 1919— pero que ha sido sistemáticamente invisibilizada. Por otro, una política de representación: hasta hace muy poco, el Consejo de Presidentes de la ANFP estaba compuesto exclusivamente por hombres. Y, finalmente, el desafío de la redistribución de recursos, que va mucho más allá de los salarios: tiene que ver con acceso a canchas, horarios dignos, infraestructura, cobertura mediática y condiciones materiales para el desarrollo del fútbol femenino.
Lo que está en juego hoy no es solo la participación de las mujeres y las disidencias en el fútbol, sino la posibilidad de transformar las estructuras que históricamente han definido quiénes pueden habitar ese espacio y en qué condiciones. La cancha no es solo un lugar donde se juega, es también un espacio donde se disputan derechos, cuerpos y formas de vida.
Si te mueven las luchas feministas, las resistencias cotidianas o las historias que se tejen desde los márgenes, este espacio también es tuyo. Leemos todo con cariño y atención. Queremos seguir entretejiendo voces diversas.
martina@entretejidas.org
Candidata a doctora en la Universidad de Novi Sad (Serbia) y directora ejecutiva de Udruženje «KAS» Banja Luka. Su investigación se centra en la intersección entre diplomacia digital y Política Exterior Feminista.
Socióloga (UV), Magíster y candidata a Doctora en Historia (PUCV). Investigadora en historia social, género y deporte, editora de Gol o Penal (CLACSO, 2020). Presidenta del Tribunal de Honor de Santiago Wanderers y ex vicepresidenta de ASIFUCH.
Sociólogo, presidente e investigador de la Corporación de Estudios Sociológicos del Fútbol. Coordina La Cancha en Disputa articulando investigación social, gestión cultural y organización en torno al fútbol como campo político y social.
El International Youth Council for Gender Equality (IYCGE) es una red global de jóvenes comprometidas/os con la igualdad de género. El equipo nacional de Chile contribuye con investigación, advocacy y análisis de políticas públicas desde una perspectiva interseccional y feminista.
"Habitar el cuerpo, la cancha, la diplomacia. Tres conversaciones para una misma pregunta: ¿qué tejido sostiene los derechos cuando se les retira el aire?"