Ruptura del Estado Laico en Venezuela.

Por: Verónica Arvelo

 

El pasado mes de febrero los diputados de la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez, se reunieron en el teatro Teresa Carreño con al menos 300 representantes de iglesias evangélicas y cristianas, quienes propusieron la elaboración de una ley que protegiera las congregaciones pertenecientes a su sector religioso [1]

De esta reunión no solo salió la promesa de comenzar a trabajar en esta propuesta de ley, sino que se nombró una subcomisión de pastores para que comenzara a trabajar en los temas referentes a dicha propuesta que entre sus peticiones contemplaba lo siguiente:

  • Desarrollar una ley de Religión y Cultos para el reconocimiento de la iglesia cristiana evangélica más allá de una federación.
  • Crear una comisión extraordinaria de moral y espiritualidad de la Asamblea Nacional.
  • Proteger el matrimonio original.
  • Darle fuerza y respaldo a la Ley Antibloqueo aprobada por la AN.
  • Defender la soberanía del esequibo.
  • Instar a no desarrollar proyectos de ley que promuevan el aborto.
  • Proponer jueces de paz en las comunidades.

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Rodríguez, la creación de esta subcomisión es una forma de alcanzar la reconciliación y la paz en el país [2], sin embargo, algunos de los requerimientos contenidos en la propuesta de ley presentada, son precisamente suspender o evitar algunos debates importantes en materia de derechos humanos ¿Cómo se puede lograr un diálogo cuando no se está abierto al debate? ¿cómo se puede alcanzar la paz sin antes garantizar el respeto por los derechos humanos? 

Ahora bien, al proponer una comisión conformada por pastores evangélicos y cristianos para desarrollar una ley donde se pretenden establecer criterios morales y espirituales en la Asamblea Nacional, (que es precisamente el Poder de Estado que debe ser más plural y representativo) basándose en creencias religiosas y donde además se pretenden vulnerar derechos humanos esenciales como la libertad de expresión, el derecho de las personas al elegir el libre desarrollo de su personalidad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, atenta contra el estado laico que es uno de los principios garantizados por la Constitución venezolana en su artículo 59 [3] Además de violar los acuerdos y tratados internacionales firmados y rarificados por el país en materia de derechos humanos.

Uno de los elementos más importantes de un estado democrático es precisamente que el Estado se encargue de promover la tolerancia frente a la pluralidad y la defienda, oponiéndose a cualquier fundamentalismo ya sea religioso, político e ideológico, que pretenda imponer una sola visión de vida como la correcta. Otorgarle un espacio tan importante al sector religioso es una decisión delicada, sobre todo cuando se pretenden promover posiciones que van en sentido contrario al desarrollo de los derechos humanos y la defensa de la dignidad de las personas, afectando particularmente a las mujeres y a la comunidad LGBTI+.

Aunque este fenómeno de intentar mezclar política y religión no es algo nuevo, pareciera que en los últimos años se ha hecho frecuente en Latinoamérica, donde los altos niveles de inseguridad, violencia, desigualdad y corrupción han hecho que se pierda la confianza en la democracia y en sus instituciones. De acuerdo con lo recogido por el latino barómetro 2018 [4]   en los últimos 10 años el apoyo de la población a la democracia ha pasado de 44% en 2002 a 24% en 2018, como consecuencia de ello el discurso religioso se ha visto fortalecido por ciertos sectores políticos en la búsqueda de escalar posiciones e intentar ganar credibilidad,  atentando  contra el laicismo que es “la idea de que todos los seres humanos- sean cuales fueren sus opiniones filosóficas o creencias religiosas- pueden y deben vivir en común dentro del respeto por la verdad demostrada y en la práctica de la fraternidad.” Albert Bayet.  Olvidando que los Estados deben responder únicamente a los valores y principios que representan los derechos y libertades reconocidas por las normativas internacionales y constitucionales de cada país.

 

Referencias: 

[1] Talcualdigital. nota de pensa

[2] El universal. nota de prensa.

[3] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

[4] Latinobarómetro 2018